Las cajas castellonenses se muestran contrarias a las exigencias de una mayor integración solicitada por el superviso.
J.C./N. S./N. O. VALENCIA/CASTELLO
El rechazo por parte del Banco de España al proyecto de fusión fría mediante un SIP de 23 cajas rurales españolas (entre ellas la valenciana Caixa Popular y ocho de Castelló) en el denominado grupo Solventia, al que, tal como adelantó ayer este diario, exige un grado mayor de integración -es decir, mutualizar beneficios al 100% y no al 40%, como proponían estas cooperativas de crédito-, ha provocado ya los primeros movimientos en el sector, sobre todo si tenemos en cuenta que el veto del supervisor se extenderá sin ningún género de dudas al otro SIP de ámbito nacional que se estaba fraguando, del que forman parte el valenciano grupo CRM, la Central de Orihuela y otras 17 rurales de ámbito provincial. Este SIP no prevé mutualizar ganancias y, visto lo sucedido con Solventia, todo indica que no llegará a presentar los documentos ante el Banco de España, ante la seguridad de que serán rechazados.
Fuentes financieras consultadas ayer por este diario aseguraron que al menos tres cajas rurales de Solventia, entre ellas una de Castelló, ya han iniciado contactos con los dos únicos SIP que ha aprobado el Banco de España: el que lidera la andaluza Cajamar (integrado también por la rural de Baleares y cinco entidades valencianas: Caja Campo, Turís, Albalat, Petrer y Casinos) y Cajas Rurales del Mediterráneo (CRM), liderado por Ruralcaja y del que forman parte otras trece cooperativas valencianas. La principal diferencia es que el primero, que fue pionero en el sector, no mutualiza beneficios, mientras que el segundo lo hace al 100% por exigencias del supervisor, ya que fue aprobado en una fase más aguda de la reforma financiera.
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